3 dic. 2004

Durante el viaje de novios recalamos en Las Vegas, parada y fonda hacia el Gran Cañón. Las Vegas es una ciudad fantasma, imponente escenario de cartón piedra en mitad de la nada, parpadeo de luces de colores, sempiterno anuncio de que <<gana la banca>>, avaricioso pasar de carretillas repletas de centavos de dólar, de maletines hinchados de millones, abigarramiento ante la mesa de la ruleta y concentración de novios casuales frente a las puertas del juez. Allí se ofrecen todo tipo de bodas, preferiblemente extravagantes: en limusina, helicóptero, sumergidos en un estanque alicatado con forma de corazón, dentro de una tarta de nata tan grande como una plaza de toros... Los prometidos gustan disfrazarse de mil maneras y celebrarlo en el casino del Cesar's Palace. La honeymoon apenas dura seis horas. Después el nuevo matrimonio acude al juez y solicita el divorcio, que entra también en el paquete turístico.

Como no son pocos los problemas que sufrimos en España, el gobierno de ZP anima el cotarro con un anteproyecto de divorcio diseñado para Las Vegas. Poco importa la desestabilidad de las familias rotas, el sufrimiento de los jóvenes que ven zozobrar las ilusiones que se juraron o el vacío de los niños que pasan a ser moneda de canje. Ha llegado el divorcio express, una medida liberalizadora, moderna donde las haya, que viene a sumarse a ese repóquer de insensatez que forman el matrimonio entre homosexuales y la consiguiente adopción, la uniformidad de pensamiento frente a la eutanasia, la educación laicista y la liberación del aborto.Si no fuera porque me sobra buena fe, juraría que este impulso sectario por destripar a la familia y sus sanas costumbres, está empapado de un proselitismo masónico. Muerta la familia, la sociedad se adocenará en un baño de bienestar y hedonismo. No hará falta pensar, el Estado se ocupara de todo; ni siquiera nos darán capacidad para recomponer nuestro matrimonio, pues el Estado lo disolverá en menos que canta un gallo.

Cuando repaso los argumentos de quienes promulgaron la Ley del divorcio en los albores de los años ochenta, me sorprendo. Pretendían evitar el sufrimiento en aquellos contados casos en los que la convivencia se hace insoportable, al tiempo que ofrecer al hombre y a la mujer una nueva oportunidad de rehacer su vida, con la mirada siempre puesta en el bienestar de los hijos. En contra de tan benignos principios, en España se produce un divorcio cada cuatro minutos (41.600 divorcios en 2002, es decir, 83.200 personas con el peso a sus espaldas de un gran fracaso). Los matrimonios rotos, desde que existe la ley, crecen en una proporción del 12% anual, cifra parecida a la de los niños cuya paz y futuro queda en las manos de un juez.

A las democracias occidentales nos asusta analizar la causa de los problemas. ZP y sus ministros, en vez de velar por el bien de la sociedad, muy especialmente por el de los más débiles, entonan un “viva Triana y olé” y aprueban el divorcio rápido. Parecen no preocuparse por aquellos matrimonios que todavía se reconcilian dentro de los plazos de separación que prevé el texto vigente. 15.000 matrimonios renuncian, cada año, a su demanda de divorcio, pues tienen tiempo para pensarse las cosas, para pedirse perdón, acudir a un especialista y mirar a sus hijos sin rencor.

El divorcio express va a agravar la lucha por los hijos y la disputa por el pago de las pensiones. ZP no quiere saber que buena parte de la miseria que azota a países como el nuestro, se esconde en hogares monoparentales, que son cuna –salvo excepciones– de desarraigo y frustración. El divorcio rápido resucita el repudio, pues deja a la voluntad de cualquiera de los cónyuges la disolución del vínculo, sin necesitar siquiera de razones. Son los signos de una modernidad equivocada que, como en Las Vegas, terminará por convertir España en un triste escenario de cartón piedra.
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